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ESPECIAL
México: ciudadanos en pie de guerra
contra el crimen organizado (4)

Desde hace 19 años estos cuerpos de civiles policías conviven con la policía municipal “formal”. Los agentes comunitarios, armados con escopetas o fusiles reglamentarias han contribuido a mantener el orden en un centenar de poblaciones.

Sin embargo, a partir de 2012, el número de pueblos que ha formado sus propias policías comunitarias se ha multiplicado por otras zonas de Guerrero debido a la violencia imperante en el estado, una de las zonas clave de México para el trasiego y el cultivo de drogas. Además, se han creado otras dos organizaciones con sus propias policías comunitarias: la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y la Policía Ciudadana y Popular (PCP).

Huamuxtitlán: 18 vecinos secuestrados en una noche

Esta nueva oleada comenzó en Haumuxtitlán, en el norte de Guerrero, el 2 de junio de 2012. Ese día fueron secuestrados 18 habitantes del pueblo por un comando de hombres armados que buscaba al candidato de la oposición en las inminentes elecciones municipales.

Huamuxtitlán
Reunión de la policía comunitaria de Huamuxtitlán.
 

Los criminales habían reunido en el basurero municipal a sus víctimas, a las que habían ido interceptando en la carretera que pasa junto al pueblo, hasta que sus vecinos se dieron cuenta de lo que estaba pasando y salió en busca de los secuestrados. Estaban coordinados por un grupo que, harto de los abusos y la arbitrariedades del gobierno y la policía municipales, ya se había estado organizando anteriormente de forma clandestina para recabar firmas y denunciar ante la justicia del estado la presunta corrupción y colusión con los delincuentes que habían detectado en sus autoridades locales.

“En toda la noche, la gente anduvo corriendo por diferentes lugares persiguiendo a los delincuentes”, relata Miguel ángel Vitrago, coordinador del Frente Ciudadano de Seguridad, el cuerpo de vigilantes civiles que se instituyó a raíz de esos hechos.

“Cuando llegamos al ayuntamiento, porque estábamos seguros de que allí estaban los delincuentes, lo encontramos completamente abandonado y al llegar a la comandancia de policía, hallamos dentro a una niña de 14 años amordazada y esposada a una cama. Cuando le preguntamos nos confirmó que los policías habían intentado violarla”.

A partir de entonces, otros pueblos fueron asumiendo su propia seguridad. Los relatos que cuentan son similares a los de sus compañeros de Michoacán.

“Había asesinatos, secuestros, extorsión, cobro a negocios, cobro a ganaderos… La inseguridad era tan grande que (los criminales) decían: ‘Estoy en tan hotel, mándame a tu mujer’ o ‘mándame a tu hija, si no ya sabes lo que te pasa’, y hay personas que así lo tuvieron que hacer. Eran los dueños del municipio”, señala Tomas Mayo, uno de los coordinadores regionales de las fuerzas de autodefensa de la UPOEG.

Un sistema de justicia propio, basado en las tradiciones indígenas

Las policías comunitarias están reconocidas por el gobierno de Guerrero desde el año 2009 mediante una ley que las legitima en base a los derechos y la cultura de los pueblos indígenas. Es una situación similar a la de las rondas campesinas del norte de Perú.

Ronda comunitaria de Cherán
Ronda comunitaria de Cherán.
 

Como éstas tienen incluso la facultad de aplicar justicia, pero a diferencia de las rondas peruanas, que lo hacen a base de latigazos, los pueblos indígenas de Guerrero tienen un sistema basado en la reeducación.

Cuando un vecino de los pueblos en los que hay policía comunitaria es víctima de algún delito o falta tiene la opción de recurrir a la justicia ordinaria o a la comunitaria, salvo que sean delitos muy graves como el asesinato o el secuestro, que son privativos del sistema penal oficial. Una vez que la persona ha elegido cuál de los dos métodos prefiere, ya no puede cambiar. Ha de atenerse a lo que se resuelva.

En la justicia comunitaria es de la conciliación, explica el coordinador radio comunitaria de la CRAC en San Luis Acatlán (sede de una de las cinco “casas de justicia” de esta organización), Francisco Delfino Ramos, “primero se llama a las partes a que dialoguen, a que lleguen a acuerdos y si no se llega, se busca entonces aplicar la justicia”.

Otra diferencia en que la justicia comunitaria se basa en la reeducación más que en la punición. Las penas consisten en la reparación del daño a la víctima y en servicios a la comunidad. “El castigo es barrer las calles, juntar la basura, lavar la comisaría, todo lo que haya que limpiar”, apunta Tomás Mayo.

Ramos indica además que los condenados por este tipo de justicia no están en una cárcel propiamente dicha, con sus muros y sus torretas de vigilancia, sino en las casas de justicia, donde por lo general, salvo casos excepcionalmente graves, “no están encerrados, no están encarcelados, sino que andan barriendo, van a hacer recados… No está vallado y sin embargo no se van. Mucha gente se sorprende”.

Los condenados son enviados de un pueblo a otro para cumplir su servicio y por la noche son aconsejados sobre su conducta por los ancianos del lugar. Si cuando cumplen el número de servicios establecidos, han recibido una valoración positiva en los pueblos en los que ha estado, queda en libertad. Si no, debe seguir hasta que se considere que está rehabilitado.

El hostigamiento de las autoridades, pese al reconocimiento legal

A pesar del reconocimiento oficial del que gozan las policías comunitarias, existen roces constantes entre éstas y las autoridades oficiales. Sobre todo a partir de la proliferación de estos cuerpos de los dos últimos años, puesto que algunos han surgido en pueblos que no son indígenas.

Es el caso de Olinalá, la segunda localidad de Guerrero en formar un grupo de autodefensa, después de Huamuxtitlán, de la que le separan sólo unos kilómetros. Fue el 27 de octubre de 2012, a raíz del asesinato de un taxista.

Al principio hicieron barricadas a la entrada del pueblo y salieron armados con rifles de asalto y fueron a detener a los que tenían identificados como causantes de la ola de crímenes. Estos, que según los sublevados contaban con la complicidad de algunas autoridades locales, lograron huir, por lo que sólo pudieron capturar a dos muchachas menores de edad que eran novias de algunos de ellos y que les dieron detalles de esa colusión. Luego las dejaron ir.

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