Peña Nieto ha vuelto a toparse con las protestas sociales y violentas. Si a los cinco meses de asumir el gobierno del Estado de México, el más poblado del país, tuvo que lidiar con una rebelión popular en San Salvador Atenco que se saldo con una brutal represión y las acusaciones de muy graves violaciones a los derechos humanos, desde la muerte de dos personas por disparos de la policía hasta varias violaciones de detenidas en los furgones en los que eran trasladadas, como presidente de gobierno no ha tardado ni un día en enfrentarse a nuevas denuncias de abusos policiales.

Las imágenes difundidas ampliamentes de los hechos de violencia del 1 de diciembre, primero en los alrededores del Congreso mexicano, mientras Peña Nieto asumió formalmente el poder, y después en el centro histórico de la capital mexicana, no dejan lugar a dudas sobre la beligerancia de cientos de jóvenes, la mayoría encapuchados, que se enfrentaron frontalmente con la policía con cócteles molotov, piedras y todo lo que encontraron a su paso. Los violentos, que han sido identificados por las autoridades y la prensa como grupos anarquistas, también causaron destrozos en diversos negocios del centro.

Sin embargo, el movimiento YoSoy132, que surgió durante la pasada campaña electoral para denunciar una campaña mediática para propiciar la vuelta al gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que dirigió el país durante 71 años consecutivos (1929-2000), denunció en un comunicado que "el Estado orquestó una estrategia represiva en contra de la movilización social que (…) no se trató de una acción disuasiva".

Manifestante al paso de la marcha por el centro histórico de ciudad de México.

"Durante la manifestación del día 1º (de diciembre) presenciamos un inmenso despliegue de las fuerzas del Estado en todos los trayectos de la manifestación y que durante la jornada amedrentaron, hostigaron y agredieron a los contingentes que participaron en las protestas", afirmó la organización estudiantil. Ésta se ha visto mermada desde la elección del pasado 1 de julio, en la que Peña Nieto ganó con una diferencia de más de 3 millones de votos, pese a lo cual fue acusado por la izquierda de fraude. Además, en sus últimas manifestaciones ha sido patente la ausencia de pancartas y portavoces de la mayor parte de las universidades privadas que fueron las que iniciaron el movimiento y le dieron fuerza.

El comunicado fue leido al término de una marcha en la que participaron unas 2.000 personas y que recorrió el centro de la ciudad de México, desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, la plaza central de la ciudad. En su recorrido fueron acompañados por un numerosos y visible despliegue policial, aunque la movilización no tuvo esta vez ningún incidente. Los manifestantes gritaron consginas como "México sin PRI" o "Libertad, libertad a los presos por luchar".

Posibles penas de cinco a 30 años de prisión

De los 96 detenidos del sábado, 27 fueron liberados, incluidos 11 menores de edad, pero los otros 69 fueron llevados a una cárcel de la ciudad acusados de "ataque a la paz pública". Este delito, según explicó a MIlenio Televisión el fiscal de la capital mexicana, Jesús Rodríguez, lleva aparejada una pena ˝de cinco a 30 años de prisión, y hasta una mitad más (es decir 15 años) tratándose de pandilla".

Pancarta pide la libertad de los "presos políticos".

Rodríguez aseguro que la actuación de la policía de la ciudad el pasado sábado “simplemente trató de contener, restablecer el orden público y neutralizar todas las acciones que andaban realizando y por eso se llevaron a cabo la detenciones en flagrancia”.

Sin embargo, Jorge Iván González, primo de una de las encarceladas, Claudia Iveth Trejo, una docente auxiliar de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que ésta no participaba en la protesta cuando fue detenida. "Nada más iba caminando y la encapsularon junto con 25 personas que iban caminando", incluidos "compañeros de un grupo de teatro de Filosofía y Letras que hacían un performance" y "turistas de Monterrey y de Toluca que venían a pasera a la capital".

González, que denuncia que sólo le permitieron a la familia ver a la detenida durante tres minutos, sostuvo que "están acusando a los detenidos de pertenecer a grupos anarquistas" y que en la manifestación del 1 de diciembre "hubo infiltrados: Hay pruebas, hay videos de los infiltrados que contrató el gobierno federal para empezar a hacer los destrozos". "Es una cruzada total del gobierno para dividir a la población y decir que todos los que agarraron son revoltosos", agregó.

Por otra parte, un grupo de má de 100 organizaciones mexicanas de defensa de los derechos humanos se declararon "en alerta por violaciones a derechos humanos contra manifestantes el 1 de diciembre en Ciudad de México y Guadalajara". En esta ciudad, la segunda mayor de México, también hubo protestas contra Peña Nieto y de acuerdo con las organizaciones civiles que suscribieron el comunicado hubo 40 heridos y 24 detenidos, algunos de ellos "horas después de (que fuera) dispersada la manifestación".

Las ONG dijeron ser "conscientes que muchas de las acciones de las personas y colectivos que protestaron pueden constituir delitos, como las agresiones a los establecimientos sucedidos ese día, así como a los cuerpos policiacos. No obstante, pidieron que se respeten los derechos humanos de los detenidos, "especialmente los relacionados con el debido proceso, evitando valoraciones descontextualizadas que tiendan a criminalizar el derecho a la protesta".

Además, denunciaron que hubo "uso desproporcionado de la fuerza" por parte de la policía que dejó varios heridos graves así como "múltiples abusos en las detenciones de las y los manifestantes", incluidas "detenciones arbitrarias". También aseveraron que se detectó la presencia de "presuntos agentes encubiertos y elementos de seguridad privada de la Feria Internacional del Libro (que se celebra estos días en Guadalajara) quienes lanzaron piedras y botellas a los manifestantes con la finalidad de provocarlos".

Por su parte, la organización de derechos humanos Comité Cerezo publicó una lista de detenidos en la que se incluyen los nombres de siete personas cuyo paradero se desconoce.