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Más de 150 ONG piden a Obama un cambio radical
en sus políticas en México y Centroamérica

Ciudad de México, 30 de abril de 2013. P. Álvarez
Más de 150 ONG de México, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Costa Rica y Colombia, acusaron este martes, 30 de abril, a las políticas de Estados Unidos en materia de seguridad y cooperación para el desarrollo de ser en parte responsables de un “alarmante aumento de la violencia y las violaciones a los derechos humanos” en la región y le pidieron un cambio radical.

zepelín con firmas para pedir a EEUU controla al flujo de armas
Organizaciones de derechos humanos llevaron simbólicamente en un zepelín firmas para pedir control del flujo de armas a EEUU.

En actos realizados simultáneamente en la ciudad de México, la capital de Guatemala y Tegucigalpa, las organizaciones no gubernamentales, dedicadas a la defensa de los derechos humanos, hicieron pública una carta dirigida a Obama con motivo de su visita, entre el 2 y el 4 de mayo, a México y Costa Rica, donde tiene previsto participar en una cumbre del Sistema de Integración Centroamericano (SICA).

En la misiva, denunciaron que la promoción por el gobierno estadounidense de “la militarización para combatir el crimen organizado”, junto con la corrupción y la impunidad enraizadas en las instituciones locales, tiene “un impacto directo en la situación de derechos humanos en Mesoamérica, con el resultado de un aumento dramático de los crímenes violentos,  con frecuencia perpetrados, presuntamente, por las fuerzas de seguridad mismas”.

Pusieron como ejemplo México, donde, sostuvieron, la guerra “contra las drogas” impulsada por el anterior gobierno (2006-2012), encabezado por Felipe Calderón, con el beneplácito de Washington, ha dejado en los últimos seis años “aproximadamente 80.000  muertos”, así como “más de 26.000 desaparecidos” y un “aumento en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y ataques contra defensores de derechos humanos”.

En Guatemala, añadieron, el regreso del ejército a las calles ha “puesto en peligro el proceso de paz y, a su vez, a la frágil democracia forjada en los Acuerdos de Paz firmados en 1996”, mientras que ˝los índices de violencia se acercan peligrosamente a los niveles del conflicto armado interno”.

Y en Honduras, después del golpe del Estado de 2009 el “Estado de Derecho se desintegró y la violencia e impunidad aumentaron”. Además, constataron las ONG, hubo un “resurgimiento de tácticas de escuadrones de la muerte dirigidas a periodistas, abogados, activistas de la política, defensores de derechos de la tierra, de derechos LGBT o de derechos de las mujeres”.

Los activistas relacionaron además el incremento de la violencia con el flujo masivo de armas a los grupos criminales de la región desde Estados Unidos.

Firmas contra el flujo de armas desde Estados Unidos

En este sentido, el lunes 29 de abril, Amnistía Internacional México, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad del poeta Javier Sicilia y el Museo para la Memoria y la Tolerancia de la capital mexicana entregaron a la embajada de Estados Unidos 18.000 firmas - transportadas simbólicamente en un zepelín y que se suman a las más de 70.000 ya entregadas anteriormente- para pedir a Washington medidas concretas para detener el flujo ilegal de armas a través de la frontera.

“México también tienen que hacer su parte para presionar a las autoridades de Estados Unidos, para exigir medidas concretas a Estados Unidos”, declaró el representante de Amnistía Internacional en México, Daniel Zapico.

Por otra parte, la imposición de proyectos extractivos de gran escala en comunidades marginadas impulsados por los procesos de integración económica en la región han generado “el desplazamiento forzado (…), conflictos sangrientos a propósito de los recursos, destrucción ambiental y empobrecimiento”.

Representantes de ONG de derechos humanos en conferencia de prensa
En México tuvo lugar uno de los actos para presentar la carta a Obama.
 

Estas dos situaciones no han dejado a miles de personas otra alternativa que emigrar a este país, cuyas autoridades “criminalizan y detienen a inmigrantes en números cada vez más elevados dentro de sus fronteras”.

Por ello, pidieron, entre otras medidas, acciones para detener el flujo ilegal de armas desde Estados Unidos hacia el sur, el reconocimiento y protección de los defensores de los derechos humanos, el cese de las deportaciones y la criminalización de los inmigrantes y un nuevo enfoque en materia de seguridad.

En este aspecto, propusieron como alternativa a la ‘guerra contra la droga’, “la regulación en vez de la prohibición, mayores esfuerzos regionales para combatir el lavado de dinero y el retiro de las fuerzas armadas de tareas de seguridad civil”.

Un nuevo enfoque para la Iniciativa Mérida

En vez de dar “ayuda militar” a la región, como los 2.000 millones de dólares entregados en los últimos años dentro de la Iniciativa Mérida (firmada por Estados Unidos con México y Centroamérica en 2007), “dirija los escasos recursos públicos a fortalecer la institucionalización del Estado de Derecho en nuestros países”.

Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, una de las ONG firmantes, afirmó en una conferencia de prensa en la ciudad de México que la visita de Obama a este país “se enmarca en un momento clave”, ya que el gobierno del presidente Enrique Peña está concluyendo el diseño de un Plan Nacional de Desarrollo, que incluye un Programa Nacional de Derechos Humanos, y el mandatario ha manifestado la necesidad de vincular el tema de la seguridad con el de los derechos humanos.

“Tenemos la expectativa de que la visita de Obama pueda motivar al gobierno mexicano a tener una visión (de la estrategia de seguridad) desde los derechos humanos”, manifestó.

Racynska recordó que un 15% de la ayuda incluida en la Iniciativa Mérida estaba condicionado según este acuerdo al cumplimiento de requisitos como la prohibición del uso de la tortura y el juicio por tribunales civiles de militares acusados de crímenes comunes. Sin embargo, lamentó, “ninguno de estos requisitos se ha cumplido: los militares no han sido juzgados por la justicia civil y la tortura sigue utilizándose para obtener confesiones”. “No hay un solo funcionario que haya sido procesado por tortura en México”, agregó.

Críticas a la propuesta de reforma migratoria

Por su parte, Marta Sánchez, del Movimiento Migrante Mesoamericano, criticó duramente la reforma migratoria que se está debatiendo en Estados Unidos. Pese a que este país, subrayó, ya dedica a reprimir la inmigración ilegal “18 billones de dólares, que representa el 24% más que todo el presupuesto de las demás corporaciones policíacas, tales como el FBI o la DEA”, la nueva reforma implicaría “un incremento presupuestal de 1,5 billones de dólares para la construcción de muros, 3 billones para aviones no tripulados y 3.500 agentes adicionales de policía fronteriza”.

Además, agregó, sólo contempla para aquellos indocumentados que cumplan los requisitos establecidos un permiso temporal para poder trabajar y no ser deportados, “pero sus derechos a la seguridad social, sus derechos laborales se verán severamente mutilados y tienen que esperar 10 años para que le den la residencia permanente, ni siquiera la ciudadanía”.
“Si Obama dice que los va a regularizar a toda esta gente ¿por qué los sigue deportando? Son 1.400 deportados diariamente”, acusó Sánchez.

 
 
 
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