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REPORTAJE
La PCP de Guerrero, una policía civil
indígena con un discurso político

Temalacatzingo (México). octubre 2013. P. Álvarez
La violencia del crimen organizado ha hecho presa de Guerrero, uno de los estados más pobres del país, punto clave de la costa del Pacífico en el tráfico ilegal de droga hacia Estados Unidos y uno de los principales productores de marihuana, ha disparado la creación de grupos ciudadanos de autoprotección. Éstos se han conformado en policías comunitarias, unas fuerzas civiles del medio rural reconocidas por el estado como parte de los usos y costumbres indígenas, y se han aglutinado principalmente en torno a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que existe desde 1995, o a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), creada el año pasado por antiguos miembros de aquella. Sin embargo, en la zona norte del estado, cerca de la frontera con Puebla, ha surgido un tercer grupo, una tercera vía con un discurso más politizado, la Policía Ciudadana y Popular (PCP).
 
Integrantes de la Policía Ciudadana y Popular (PCP)
Integrantes de la Policía Ciudadana y Popular (PCP), una tercera fuerza que se une a la CRAC y a la UPOEG.

El grupo de hombres y mujeres con pantalones y camisetas beige, armados con sencillas escopetas de calibre .22 y una gorra negra con las siglas PCP, cruza dos troncos en la entrada a la comunidad de etnia nahua de Temalacatzingo, en el municipio guerrerense de Olinalá, en la región de La Montaña. Usan los troncos como si fuera una pluma para impedir el paso de los vehículos y una vez ha verificado de quién se trata en vez de levantarlos los arrastra dejando libre el paso. En otro de los accesos al pueblo otro grupo ha sofisticado el sistema poniendo clavos a una tabla que tumban en el asfalto.

Parece una policía comunitaria más de las que integran la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Sin embargo, ellos niegan cualquier vínculo con estas agrupaciones y se reivindican como Policía Ciudadana y Popular (PCP), un nuevo sistema de autoprotección lanzado en diciembre de 2012 que se suma a la ya compleja situación que vive Guerrero por la reacción popular a la inseguridad generada por el crimen organizado.

“Nosotros somos un proyecto distinto. Tenemos nuestra propia estructura, nuestra propia forma de organización. Nuestros métodos y acciones son diferentes: nosotros tenemos un Consejo de Gobierno, Seguridad y Justicia, la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia y la Policía Ciudadana y Popular (CSRJ-PCP)”, indica Citlali Pérez, miembro de dicha coordinadora.

La policía comunitaria, reconocida por la legislación

Al igual que la CRAC y que la UPOEG, la PCP, que dice tener ya presencia en medio centenar de comunidades de la región guerrerense de la Montaña, “está conformada por hombres y mujeres que fueron electos en asambleas de las comunidades como la gente más honesta, responsable, comprometida”, explica Yoltsin Ceferino, integrante del Consejo de Gobierno. También van uniformados, utilizan armas permitidas y se amparan en la Ley 701 de reconocimiento de la cultura indígena del Estado de Guerrero, que legitima las policías comunitarias.

Policía Ciudadana y Popular (PCP)
Los integrantes de la PCP no cobran por lo que consideran un servicio a la comunidad.
 

Tampoco ellos cobran por lo que consideran un servicio a la comunidad. “Aquí nadie recibe un sueldo, todos están por voluntad propia”, señala Martín Flores, un campesino nombrado comandante general de la PCP de Temalacatzingo.

Asimismo, tienen su propio sistema de justicia, basado en la reeducación y en la reintegración social. Pero se diferencia de aquellas por su discurso político y por el hecho de integrar el concepto de “gobierno” junto con el de seguridad y justicia en sus objetivos.

“Luchamos por la transformación económica, política, social y cultural de nuestro país”, afirma la CSRJ-PCP en su manifiesto, que fue leído el 23 de junio en un discreto acto en el Zócalo de la ciudad de México. En él critican la utilización electoral de los programas sociales del gobierno y lo que denomina como “democracia liberal”, que “se reduce a ir a votar por un partido o candidato y de ahí nunca más el pueblo es tomado en cuenta”.

En dicho documento defienden que “no es delito hacer política ni defender los derechos políticos como la libertad y la justicia” y critican sin nombrarlos a los líderes la UPOEG y a la CRAC por “gozar del bozal que les han colocado para que no hablen de político”.

Incluso la fecha elegida para su presentación, el pasado 2 de diciembre en Temalacatzingo, es una declaración de intenciones, pues es el aniversario de la muerte del líder guerrillero Lucio Cabañas, en 1974.

"No somos un peligro para la seguridad nacional"

A pesar de esto y de que no ocultan sus simpatías hacia los zapatistas de Chiapas, la Policía Ciudadana niega las acusaciones de que tienen a la guerrilla detrás: “Somos un movimiento político y no representamos un peligro para la seguridad nacional. No estamos en contra de las instituciones sino de quienes han hecho de ellas el semillero de la corrupción”, alegan en su manifiesto.

Quizás por esa vocación política y por acciones como su apoyo a las manifestaciones de los maestros en Chilpancingo del pasado mes de abril, el gobierno de Guerrero, que sí reconoce a las policías comunitarias de la CRAC y la UPOEG y los apoya con patrullas, ambulancias o uniformes, no hace lo mismo con la Policía Ciudadana y Popular.

De hecho, aunque al menos de momento no se han llegado a extremos como los intentos de desarmarlos, la PCP ha denunciado hostigamiento por parte del Ejército y la Marina, hasta el punto de que el pasado 26 de mayo instalaron un campamento militar en territorios comunales de Temalacatzingo.

“A nuestras tierras nunca había venido el ejército, pero el 26 de mayo se instaló y nunca nos dijeron el porqué”, lamenta Ceferino.

La Policía Ciudadana denunció que el pasado 6 de junio un grupo de marinos entró en la Temalacatzingo y rodeó a sus comisarios, que salían de una asamblea popular, les cuestionaron sobre las armas que portaban, les intentaron hacer un chequeo y les amenazaron: “Les vamos a mandar a los delincuentes a ver si es cierto que van a poder con ellos”.

“No queremos ejército, queremos desarrollo comunitario. (…) Aquí nosotros nos hacemos cargo de la seguridad de nuestras familias y de nuestros pueblos”, defendió la PCP en un comunicado.

Además, como reconoce Yoltsin Ceferino, no todos los vecinos de Temalacatzingo están de acuerdo con el sistema de seguridad ciudadana. “Sobre todo el grupo de Antorcha Campesina”, que tiene una importante presencia en el pueblo y que “siempre ha estado en contra”.

Tres de los miembros de esa agrupación incluso fueron detenidos por la Policía Ciudadana después de embestir un puesto de control con su vehículo y de recibir a golpes a los que fueron a pedirles explicaciones.

Criminalidad baja, pero en ascenso

Curiosamente, en Temalacatzingo, la PCP surgió ante el aumento de la delincuencia, aunque no sufría un contexto de violencia extrema como en otros pueblos de la región. En la cabecera municipal de Olinalá, por ejemplo, los vecinos conformaron en octubre de 2012, tras la muerte de un taxista y el secuestro de otro, un grupo de autodefensa que luego derivó en policía comunitaria y acabó integrándose en la CRAC.

Policía Ciudada y Popular (PCP)
Algunos acusan a la PCP de ir demasiado lejos en sus acciones.
 

“Se empezaban a dar los asaltos, los robos a casa habitación, a las tiendas, en las carreteras”, relata Ceferino. Las señoras que iban a cobrar el programa de Oportunidades, se encontraban en la carretera a unos que les quitaban el poco apoyo que se les daba. El ministerio público en vez de dar seguridad, era como cómplice”.

Reclaman que desde su surgimiento, los índices delictivos y “los actos antisociales” han bajado un 99%. Pero algunos los acusan de ir demasiado lejos en sus acciones, pues intervienen incluso con jóvenes que se divierten en la calle por armar escándalo.

Tal y como hacen la CRAC y la UPOEG, la PCP no entrega a los detenidos a la justicia ordinaria, sino que los somete a un proceso de reeducación, que incluye apoyo psicológico y la redacción al final de cada día de unas reflexiones sobre lo que han aprendido esa jornada. Han intervenido incluso en problema graves de pareja.

“Todos sabemos que si llevamos a alguien a ministerio público, haya hecho lo que haya hecho uno, si tiene dinero y paga, lo liberan y vuele a hacer lo que quiere. Si no, ¿qué es lo que le hacen allá? Le empiezan a golpear, a torturar, y cuando salen en vez de que salgan con las ideas cambiadas, salen más enojados y empiezan a hacer más cosas”, sostiene Ceferino.

De la panadería al retén

Antonia Villa es una de las tres mujeres que se alistaron desde el principio en la PCP. Se gana la vida haciendo y vendiendo pan y tiene tres hijos ya independizados. Es conocida en la comunidad porque colaboró en el comisariado de Bienes Comunales y también apoyó durante un tiempo en la iglesia.

“A pocas mujeres les gusta estar así prestando servicio de esta forma”, afirma con voz dulce, vestida con su uniforme beige y una bolsita de tela colgada del cuello. No obstante, considera una obligación como ciudadana estar en la Policía Ciudadana “por tanta injusticia que hay”. “A veces ya la gente se siente cansada de autoridades que no nos hacen caso”, agrega.

Al final de la entrevista accede a mostrar lo que lleva en la bolsita: un pequeño revolver para su desempeño como policía. No obstante, señala que se intenta ganar el respeto de la gente no con su arma, sino “hablándole de buena manera, de buena forma, no con alteraciones”. “Cuando estamos en retenes, les hablamos con respeto para que a una también la respeten”, explica.

Al rato de que un grupo de policías ciudadanos ha despelgado en el retén bajo un fuerte sol en la comunidad de San Francisco Coyahuacán (en los alrededores de Temalacatzingo), se acerca un vecino a con un par de botellas de refresco y vasos de plástico para aliviar la sed de los vigilantes.

“Sacamos nosotros mismos los recursos de donde podemos”, apunta el comandante Flores. “Todos somos pobres, muchos ni siquiera tenemos una formación. No nacimos para ser policías, ni mucho menos hubiéramos escogido serlo, pero la necesidad nos ha obligado a serlo”.
 
 
 
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