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REPORTAJE
La Voz del Amate, obligados a
rebelarse por el sistema judicial

San Cristóbal de Las Casas. Enero 2013. P. Álvarez
La mayoría de ellos no tenía inquietudes políticas antes de caer en la prisión de El Amate, en el estado mexicano de Chiapas. Sin embargo, una vez dentro, aseguran, la injusticia les hizo unirse y rebelarse contra un sistema judicial disfuncional, arbitrario y corrupto, constantemente acusado de fabricar culpables. Indígenas y pobres, 13 presos de esa y otras cárceles chiapanecas formaron La Voz del Amate, una organización adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y a través de la que buscan defender sus derechos como presos y reclamar por su libertad.

“Le doy las gracias al gobierno que me metió en la cárcel porque me obligó a luchar, a rebelarme contra él”, afirma el indígena tzotzil de San Cristóbal de las Casas Pedro López, que lleva casi seis años presos por haber ayudado a su primo, Juan Collazo, a fugarse con su novia.

El padre de ella, que se oponía a la relación, denunció a Juan por secuestro e hizo que lo detuvieran junto con Pedro, otro primo que le había ayudado, Alfredo López, y la pareja de éste, Rosa López, quien además se había separado antes de un sobrino del denunciante por maltrato doméstico.

Activistas piden libertad para Alberto Patishtán y Francisco Santiz
Activistas piden la liberación de Alberto Patishtán y Francisco Santiz frente a la cárcel de El Amate. Autor: Pep Companys.
 

Rosa, que en el momento de la detención, en mayo de 2007, tenía cuatro meses de embarazo, relata que fue golpeada y amenazada con una violación, por lo que acabó confesando a la policía haber participado en el inexistente secuestro y haber pedido un rescate por la joven. “Me golpearon para que yo confesara lo que no hice”, denuncia. Pero lo peor para Rosa vino unos meses después, cuando su hijo nació con una parálisis cerebral atribuida por la mujer a los golpes que recibió de los agentes que la detuvieron. “El día que mi hijo nación no se movía y yo no sabía qué hacer”, recuerda con congoja.

Los cuatro detenidos fueron condenados a penas de 27 a 37 años de prisión y recluidos en el Centro de Readaptación Social nº 5, en el municipio de Cintalapa, a unos kilómetros de San Cristóbal de Las Casas, conocido como la cárcel de El Amate, por un árbol amate que hay en el lugar.

Ahí también cumplía su pena Alberto Patishtán, un maestro del poblado de El Bosque. Patishtán cumple una pena de 60 años por su supuesta participación en una emboscada contra una patrulla de policía en el año 2000 en la que fallecieron siete agentes.

El maestro siempre ha proclamado su inocencia, postura en la que recibe el apoyo de múltiples organizaciones sociales, y espera este año una decisión de la Corte Suprema de Justicia que podría implicar su liberación tras casi 13 años entre rejas.

Su caso, como denuncian diversas organizaciones, incluidos el EZLN y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad creado en 2010 por el poeta Javier Sicilia, fue consecuencia de una represalia política por su oposición al alcalde de El Bosque cuando tuvo lugar el ataque.

“Esto se da más por una venganza política, creemos nosotros”, explica la hija de Alberto, Gabriela Patishtán. “En aquel entonces estaba al mando un presidente municipal de nombre Manuel Gómez Ruiz. Era un hombre corrupto. El pueblo estaba muy marginado, muy pobre, y todo el pueblo de El Bosque estaba inconforme e indignado. Mi papá comenzó a reunir la gente con el fin de destituir al presidente”.

En la mañana del 12 de julio del año 2000, en un camino a las afueras de El Bosque, uno grupo de personas armadas emboscó a un vehículo en el que viajaban ocho agentes de policía. Siete de los agentes murieron por la agresión y resultaron heridos el octavo y el conductor del vehículo. Éste, que tenía 15 años, era precisamente el hijo del presidente municipal.

Fue el joven el que acusó a Patishtán de ser uno de los agresores y en 2003 el maestro es condenado a 99 años de prisión (pena que luego fue rebajada a 60 años, pues el tiempo máximo de cárcel que permite la legislación mexicana).

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