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REPORTAJE
La lucha de unos padres contra las autoridades mexicanas por recuperar a su hija

Ciudad de México. Septiembre 2013. P. Álvarez
Llevaron a su hija a una charla con unas monjas en Pachuca porque estaba a punto de hacer la primera comunión y porque querían que la motivasen tras un liguero descenso en su rendimiento escolar. Cuando una hora después volvieron a por ella ya no estaba. Tras una frenética búsqueda la niña apareció a cargo del sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado mexicano Hidalgo. Sin embargo, año y medio después todavía no les han devuelto a la niña. Rubén Pérez y Laura de León, que denuncian corrupción e incluso una red de trata y tráfico de menores en el seno de la misma institución que debe proteger a la familia, libran una lucha de David contra Goliat por recuperar a Alexa.
 
Padres de Alexa marchan con las madres de Ciudad Juárez reclamando a su hija
Laura de León y Rubén Pérez marchan con las madres de Ciudad Juárez para pedir que les devuelvan a Alexa.

Cuando Rubén Pérez y Laura de León llevaron el 10 de marzo de 2012 a su única hija, Laura Alexa, que entonces tenía 14 años y en agosto pasado cumplió 16, a la Casa de Jesús, un centro educación de orientación a jóvenes gestionado por monjas en la ciudad de Pachuca, no imaginaron que estaban a punto de sumergirse en una pesadilla que ya dura un año y medio.

Tenían referencias del centro religioso por una vecina y habían pedido cita para que le dieran a la joven una charla de orientación pues estaba a punto de pasar su primera comunión y había sufrido un ligero bajón en su rendimiento escolar.

Sin embargo, desde entonces, apenas han podido ver a Alexa dos veces en la casa acogida del servicio de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado de Hidalgo, bajo la estricta vigilancia de psicólogos de la institución oficial, cuya función es defender los derechos de los menores y de edad y asistir socialmente a las familias.

Han sido acusados primero de abandono y después de abusos sexuales en contra de su propia hija. Pero el proceso, como suele ocurrir en México, presenta una serie de irregularidades y de inconsistencias.

Para demostrar su inocencia en los cargos de los que les acusan y con los que quieren quitarles la patria potestad de la niña, Rubén y Laura han ido recopilando pruebas que además apuntan a una actuación turbia por parte del DIF y de la fiscalía de Hidalgo.

Para empezar, muestran el parte de las llamadas registradas al servicio telefónico de emergencias de Pachuca, donde aparecen las que hicieron para denunciar la desaparición de Alexa.

Extravagante versión oficial

Según la versión oficial, un joven encontró a la menor llorando en la calle, enfrente de la Casa de Jesús, y la acompañó hasta que en un restaurante a unos pocos kilómetros de ese lugar entró a preguntar si alguien conocía la dirección de la niña y entre los comensales había un agente del ministerio público fuera de servicio con su mujer, la cual se hizo cargo de ella y la llevó al DIF.

Rubén y Laura han protagonizado diversas protestas para pedir que les devuelvan a su hija.
 

Aparte de lo extravagante de esta versión, que no ha sido corroborada porque no existen datos del joven que supuestamente encontró a Alexa y porque el juez que lleva el caso no ha tomado declaración a la mujer que la entregó.

“Quieren confundir las cosas para aparentar que nosotros llevamos a Alexa a abandonarla ahí, enfrente de esta casa”, sostiene Rubén.

Las monjas de la Casa de Jesús, que ahora forma parte del sistema del DIF, incurrieron en contradicciones, acusa el hombre: “En declaración ante un juez, una de las monjas declara que Alexa nunca entró al convento, pero la otra dice que sí entró, pero que nada más al pasillo”.

“Cuando yo llego al convento como a las siete de la noche a preguntar por Alexa, en seguida llamo a la patrulla para decir que no me la quieren entregar”, recuerda Laura. “Me dice una persona que había un carro blanco y en ese se llevaron a la niña. Llegan las patrullas y empiezan a preguntar. La monja, cuando me le voy encima, dice: ‘Se la llevaron al DIF’”.

Los padres comienzan a preguntar en todas las instituciones de seguridad, municipal y estatal, por su hija. Finalmente, en la secretaría de Seguridad Pública hidalguense “nos aseguran que tienen a nuestra hija pero que no nos la van a dejar ver”, relata Rubén.

Acuden a la Comisión de Derecho Humanos del Estado de Hidalgo, en la que un visitador les dice alrededor de las 10 de la noche que en el DIF le han confirmado que tienen a la menor, pero que están presentando una denuncia en su contra por abandono. Tiempo después descubren que el registro de ingreso de Alexa en el DIF no se produjo hasta las 12 de la noche de ese día.

35.000 pesos por llevarse a su hija

Cuando conocen la denuncia en su contra, se ponen en contacto con una abogada de oficio, que tras hablar con la fiscalía, acusan, les pidió 35.000 pesos (unos 2.700 dólares / 2.000 euros) para poder llevarse inmediatamente a la niña, a lo que se negaron. “Yo me salgo ofendido. Le dije que no le iba a dar nada, que yo no mantenía a vagos ni delincuentes”, explica él.

Esa no sería la primera vez durante el proceso en que se vieron inmersos en que pagaron las consecuencias de no querer plegarse a las normas no escritas de la justicia mexicana.

El problema se agravó a raíz de la primera visita que, dos semanas después, el 26 de marzo, hicieron a Alexa sus dos progenitores en el DIF, donde la muchacha había quedado internada mientras se investigaba la denuncia por abandono.

Vigilados constantemente por una psicóloga del centro de internamiento, no pudieron preguntarle qué había pasado después de que la dejaran con las monjas, pero sí que apreciaron que su hija tenía unas grandes heridas en los brazos. Cuando le preguntaron ella no pudo o no quiso contestarles, pero Rubén cree que fueron hechas a raíz de que la habrían amarrado. “Eran costras. Eran grandes, de forma rectangular, era uniforme el tallo de las dos caras de los dos brazos”.

Como en el DIF tampoco les explicaron las razones de esas heridas, acudieron ante el agente del ministerio público que llevaba el caso y éste se comprometió a averiguar qué había pasado en un plazo de 24 horas.

Pasado el plazo, Rubén regresó, pero el funcionario estaba de baja, así que pasó a hablar con su coordinadora, Margarita Cabrera. “Le expliqué todo y me respondió de forma grosera: ‘Tengo mucho trabajo y no tengo ministerios públicos para esas pendejadas, así que se me sale’. Y me sacó de su oficina”, cuenta Rubén.

Tras denunciar a las autoridades se aumentó la acusación a abuso sexual

Ése fue otro momento crítico del proceso porque, asesorado por la contraloría estatal, presentó una queja contra Cabrera y otra en el DIF por las lesiones de Alexa y ahí fue cuando se agudizó su calvario. “Como ser humano me arrepiento. Como mexicano tal vez no. Porque eso me destrozó la vida”, reconoce. “Exactamente al día siguiente de haber levantado la queja, me llaman a las 10 de la mañana personal del DIF y me dice que la retire porque, si no, me va a pesar”.

Se niega y ese mismo día, unas horas después, Alexa supuestamente estaba haciendo una nueva declaración en la que acusaba a su padre de haber abusado sexualmente de ella y a su madre de haberlo consentido.

Sin embargo, en el acta de la declaración de Alexa la firma de su hija aparece debajo de otra que está tachada y además se puede apreciar que parte del texto del acta se superpone a dicha rúbrica, alega Rubén mientras muestra una copia del documento.

Pese a esa supuesta acusación, les dejaron visitar de nuevo a Alexa cuatro días después, el 4 de abril, cuando todavía no sabían de los nuevos cargos y sin que su hija ni el personal del centro de internamiento les dijeran nada al respecto. Fue la última vez que les permitieron verla.

Sólo unos meses después la abuela materna de Alexa y una tía obtuvieron permiso para visitarla y aseguran que ella les pregunta desconsolada por qué no van a visitarla sus papás y que, en un descuido de la psicóloga, les relató que fueron dos directivos del DIF los que la recogieron en la Casa de Jesús y que uno de ellos fue quien hizo la declaración contra su padre.

Comienza el acoso y las amenazas

Por si no bastara con las nuevas acusaciones, Rubén Pérez denuncia que el 25 de mayo del año fue secuestrado durante unas horas por unos policías que lo interceptaron al salir de casa en una camioneta. Las cuatro personas, que vestían de civil pero a los que había reconoció como policías, afirma, le llevaron a un terreno baldío donde le golpearon y amenazaron. “Uno de ellos me dice: ‘Hiciste emputar a la licenciada Margarita, cabrón. Te vamos a matar’”, rememora.

Rubén muestra mensaje con amenazas
Rubén muestra amenazas recibidas en su teléfono.
 

Finalmente, lo dejaron en un camino de tierra de la periferia de Pachuca, pero antes le avisaron: “Te volvemos a ver en Pachuca y ahora sí te vamos a matar”. Cuando fue a poner la denuncia en la fiscalía estatal, en las mismas dependencias de esta institución escuchó las voces de tres de sus agresores, asevera mientras se derrumba entre lágrimas por la impotencia. Pese a su denuncia, la investigación por estos hechos está paralizada.

Unos días después de este incidente, tuvo que salir con su esposa de Pachuca y, con ayuda de familiares, instalarse en otro estado. Pese a eso, le han seguido llegando mensajes y llamadas telefónicas amenazadoras y, cada vez que acude a Pachuca por una diligencia judicial, es seguido por desconocidos.

Rubén ha denunciado una redpara la trata y el tráfico de menores en el DIF, bien para hacerlos desaparecer y explotarlos sexualmente, bien para quitarles la patria potestad a sus padres y darlos en adopción. “Amedrentan, amenazan, golpean a los padres para que dejen a sus hijos”, señala.

Entre otras cosas, sostiene que a las niñas internadas en el DIF las sacan a fiestas de las que no informan a los padres, y que su hija le contó a su abuela cómo “las visten, las arreglan y las llevan a fiestas particulares donde va gente nada más selecta”.

"A Alexa la querían desaparecer"

Está convencido de que “a Alexa la querían desaparecer” aquel fatídico 10 de marzo de 2012. “Pero nosotros nos movemos, empezamos a buscar y damos la voz de alerta. Yo me imagino que por eso no la pudieron hacer desaparecer”, añade.

También acusa al juez estatal que lleva su caso de imparcialidad y en agosto un magistrado federal le ordenó aceptar una prueba pericial que consideraba a la abuela de Alexa apta para hacerse cargo de la custodia de la joven.

Tras un año y medio luchando por recuperar a su hija, el matrimonio ha perdido todo su patrimonio. Ya no tienen el negocio de aceites y piezas de repuesto de autos del que vivían antes de que les arrebataran a Alexa. Se mantienen con los aportes de la familia en un estado distinto, acosados por las amenazas y desgastados por todos los obstáculos  legales que han encontrado.

Se suman con un cártel con la foto de Alexa a manifestaciones y actos de protesta de los familiares de desaparecidos o de las madres de Ciudad Juárez, hacen sentadas y acuden a cuanto organismo de derechos humanos o institución federal pueda ayudarles.

El sacerdote católico Alejandro Solalinde, reconocido por su lucha a favor de los inmigrantes centroamericanos, se ha solidarizado con su causa y, aunque ha intentado visitar a Alexa para conocer la verdad, su solicitud ha sido rechazada por el DIF de Hidalgo.

“Laura Alexa Pérez de León fue secuestrada. Nosotros tenemos la certeza de que si no hubiésemos reaccionado rápido Alexa sería una estadística más. Yo no voy a dejar a mi hija ahí. Pase lo que pase”, advierte Rubén.

 
 
 
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