México es uno de los países más peligrosos del mundo para la prensa. Sólo superado por algunas naciones en guerra como Siria o Somalia. Desde 2005, más de 80 periodistas han sido asesinados por motivos muy probablemente relacionados con su trabajo, algo en realidad difícil de comprobar porque prácticamente ningún caso ha sido resuelto. Muchos otros han sido amenazados, agredidos o presionados mediante procesos judiciales. Según Reporteros Sin Fronteras, el caso de Lemus puede ubicarse en esta última categoría.

Lemus, de 46 años, dirigía El Tiempo, un pequeño diario de la localidad michoacana de La Piedad, pegada a la frontera con Guanajuato, cuando el 7 de mayo de 2008 fue detenido por un comandante de la policía estatal de Guanajuato que anteriormente le había pasado algunos buenos datos.

Tras citarle por teléfono en el lado guanajuatense de la frontera, ambos se encuentran. “Me dice: ‘Ven, súbete. Te voy a dar una información’. Me subí a su camioneta y me lleva a las instalaciones de la policía y ya estando en las instalaciones me dice el policía: ‘Yo no tengo nada contra ti, pero me pidieron que te trajera’. En eso dos policías ministeriales me detienen dentro de la corporación, me someten, me esposan, me meten una capucha y me mantienen desaparecido 48 horas”.

El periodista fue llevado a Guanajuato, donde asegura que lo tuvieron dos días en una casa de seguridad en la que intentaron forzarle a firmar una declaración en la que primero se autoinculpaba de pertenecer primero a Los Zetas, el sanguinario grupo de sicarios que entonces trabajaba para el Cártel del Golfo, y después a la Familia Michoacana, la organización narcotraficante que durante varios años dominó en ese estado.

“Me madrearon. Me aplicaron odas las formas de tortura que te puedas imaginar: toques en los testículos, la bolsa de plástico en la cabeza, la cubeta, la venda en la cara con agua, golpes en la espalda, en las plantas de los pies con un palo de madera…”, recuerda. Pero lo peor estaba por llegar.

Dos días después de ser capturado, finalmente fue presentado ante el ministerio público. “Alguien que me dijo que era mi abogado de oficio me dijo que firmara una declaración que ya estaba hecha, no me la tomaron a mí. Decía que yo iba con dos personas más en el momento de la detención. Le pregunté al abogado si estaba bien firmarla y me dijo que sí y firmé”, indica. Esas dos personas resultan ser dos acusados de narcotráfico que dicen reconocerle.

En base a los testimonios del comandantes y de estas dos personas, el juez lo envía a una cárcel de la ciudad de Guanajuato bajo la acusación de “delincuencia organizada, en este caso me acusan de pertenecer a la Familia Michoacana, fomento al narcotráfico en la modalidad de colaboración”. “O sea que yo colaboraba para el tráfico de drogas”, sostiene.

"Reo de alta peligrosidad"

A los pocos días de estar en el reclusorio de Guanajuato, de mediana seguridad, el juez lo declara “reo del alta peligrosidad”, así que el 27 de mayo lo envía al penal de Puente Grande, en el estado de Jalisco.

Dada su “peligrosidad”, llega con una recomendación del juez y va directamente a un área de aislamiento, donde le aplican una “terapia de reeducación”.

“Ahí me mantienen aislado durante seis meses, con golpizas todos los días, tortura psicológica y privado de todo. Yo vivía solo en una celda de dos metros por tres y medio. En ese pasillo que yo estaba eran ocho celdas en las que había otros presos”, recuerda Lemus.” Todos estábamos en la celda desnudos todo el día y no teníamos nada más que una cama de cemento y estaba prohibido hablar con nadie”.

Respecto a la “terapia de reeducación”, consistía “en sacarme todos los días entre la una o dos de la madrugada al patio de la cárcel y me bañaban con una manguera de bomberos a presión con agua helada. Me tumbaba y me hacían rodar por el piso y la terapia era darle dos vueltas a la cancha rodando todos los días. Cuanto más rápido diera las vueltas, más pronto acabábamos”.

“Había policías buenos, que no más me mojaban y me metían.  Había policías malos que, además de mojarme, con el tolete me daban en las nalgas o me hacían quedarme de rodillas con los perros a un lado”, añade.

Pese a que los presos de ese pasillo tenían prohibido hablar entre sí, lo hacían entre susurros, o cuando los tenían esperando a la entrada de la celda para darles la comida.

Así habló con los condenados por el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, el secretario general del todopoderosos Partido Revolucionario Institucional (PRI), en 1994, y el de su candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, unos meses antes. Supo cómo eran los rituales de los narcosatánicos, la secta que asesinó a una docena de personas en rituales de la religión del palo mayombe y los enterró en un rancho del norte de México tras arrancarles el corazón y comérselo para ser inmunes a las balas, y cómo el grupo se inició en el contrabando de marihuana a Estados Unidos. Se enteró de las prácticas antropófagas de Heriberto Lazcano, el Lazca, el sanguinario líder de Los Zetas.

Por ese pasillo pasaron secuestradores, violadores y narcotraficantes de todos los cárteles. Y pese al veto de cualquier objeto, Lemus logró hacerse con una punta de carbón de lápiz y transcribía esas conversaciones en papel higiénico.

Pudo salir de ese pozo del terror en diciembre de 2008, cuando fue trasladado al módulo 1, donde convive con presos de cierto peso: jefes del narco, expolicías, personas con poder económico…

Mientras tanto, su proceso avanzaba muy lentamente. Al estar recluido lejos del juzgado que llevaba su caso, cualquier diligencia tardaba meses entre que la solicitaba por correo al juez (que estaba en Guanajuato), éste la autorizaba y luego se le notificaba, también por correo. “Por cada prueba me aventaba cuatro o cinco meses”, señala Lemus.

Condena a 20 años, "una pinche muerte"

Finalmente, el juez resolvió el caso: 20 años de prisión por narcotráfico. “¿Sabes lo que es vivir pensando todos los días en la mañana, en la noche, al mediodía… que tienes 20 años para vivirlos en la cárcel? Una pinche muerte. Eso te mata”, comenta.

Lemus denuncia que su proceso estuvo plagado de irregularidades, como el hecho de que, pese a ser un delito del fuero federal, es llevado por la justicia de Guanajuajo. “Me comentó mi abogado que mi caso lo presentaron ante la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, actual SEIDO) y que la SIEDO ni siquiera me quiso detener porque consideró que mi caso estaba muy débil y que no era cierta la acusación”.

El reportero subraya que no había ninguna prueba concreta en su contra. Sólo la declaración del comandante policial que dice que es narcotraficante, pero que no especifica en ningún momento en qué se basa esa acusación. “¿Cómo puedo desvanecer algo que no es concreto? Si no te dicen en qué lugar y en qué momento no te puedes defender, te quedas indefenso”, se lamenta.

En México, que cuenta con un sistema de justicia inquisitorio, muy criticado por organizaciones de derechos humanos, son habituales las condenas basadas en pruebas insuficientes o discutibles, en declaraciones contradictorias, en confesiones obtenidas bajo tortura y en testimonios de policías, cuya palabra es ley, al margen de las deficientes investigaciones que suelen lelvar a cabo. El juez casi nunca ve o habla con el acusado y se limita a leer las pruebas y diligencias realizadas y recopiladas en el expediente por sus asistentes. Por ello, ONG y juristas mexicanos han impulsado una reforma del sistema penal hacia un sistema acusatorio que está en marcha, pero avanza muy lentamente.

Reporteros Sin Fronteras: "Fue una represalia"

Sin embargo, critica Lemus, muchas organizaciones de defensa de la libertad de expresión y de derechos humanos le dieron la espalda y se desentendieron del caso. Tan sólo Reporteros Sin Fronteras se interesó por el caso. “Fue una represalia porque tuvimos la oportunidad de leer el expediente del caso y todo lo que pudimos ver es que realmente quien tenía interés en que él permaneciera encarcelado era el comandante de esa zona”, dice la representante de esa organización en México, Balbina Flores.

Para colmo, mientras estaba en prisión, el ejército fue a su casa, donde vivían su esposa y su hija, y la allanaron en tres ocasiones con el argumento de que estaban buscándolo. “La primera vez se llevaron todo: algunas cámaras, telefotos, un archivo fotográfico, muchos negativos, diplomas, mis certificados de estudios…”. Al ser excarcelado, intentó presentar una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero le dijeron que para aceptarla tenía que decirles los nombres de las personas que allanaron la casa, así que desistió.

Además, antes de la sentencia, en agosto de 2010, los dos abogados que llevaban su caso fueron asesinados a tiros en una emboscada en un crimen que no ha sido esclarecido. “Una vez que iban a ver mi proceso en Guanajuato los emboscaron en la carretera entre La Piedad y Manuel Doblado (cerca de León) y los acribillaron en su carro, con fusiles de alto poder. Los periódicos de esa época decían que había sido un ajuste de cuentas entre narcos, pero nunca se supo la razón ni quién los mató”.

Lemus apeló la sentencia y el juez de alzada le dio la razón unos meses después. “Dice que es cierto, que no hay una sola prueba que sustente esto, que no hay nada que ampare el delito que se le imputa. Y me deja en libertad absuelto al cien por ciento”, cuenta Lemus, que fue liberado el 12 mayo de 2011, tres años y cinco días después de su arresto.

Una venganza por denunciar la corrupción

Jesús Lemus está convencido de que todo se trató de una venganza por su trabajo periodístico, ya que en su periódico había publicado informaciones incómodas para el gobierno municipal de La Piedad, entonces en manos del derechista Partido Acción Nacional (PAN).

“Trataba de darle mucho espacio en mi periódico a la oposición. Informaba de la corrupción al interior de la esfera de gobierno, colusión con el narcotráfico y malos manejos en cuanto a manejo del presupuesto económico”, destaca. Como consecuencia, “no me daban publicidad y yo presionaba con mis críticas más severas  y ahí iba la espiral hacia arriba. Se tensó tanto la relación con el gobierno municipal que me comenzaron a hostigar, comenzaron a detener a mis reporteros, a incautar el periódico de la calle, no dejaban vender el periódico, los levantaban de la calle”.

Para Lemus, lo peor es que, una vez acusado de narcotráfico, todo el mundo le dio la espalda: “Hubo muy pocos medios que me defendieron o que al menos, y se agradece, no dijeron nada, que se quedaron callados. Pero muchos amigos, compañeros publicaron ‘Cayo el narcoperiodista’, sin ninguna prueba”.

Al salir de la cárcel sintió aún más ese abandono, porque nadie quiso darle trabajo. Su periódico cerró a los pocos días de su detención y, pese a que fue exonerado, el estigma de haber sido acusado de narcotráfico le dejó marcado. Consiguió un breve contrato en el área de comunicación del gobierno de Michoacán, pero hoy en día sigue sin empleo.

Denuncia de las brutales condiciones en Puente Grande

Afortunadamente, durante su estancia en Puente Grande consiguió recopilar todas las historias que le contaron los otros internos y con algunas de ellas ha escrito “Los malditos. Crónica negra desde Puente Grande”, editada por Grijalbo.

En el libro explica su caso, pero sobre todo denuncia las brutales condiciones de detención que se viven en esa cárcel de máxima seguridad, que fue rebautizada popularmente como "Puerta Grande" después de que se fugara de ella en 2001 Joaquín El Chapo Guzmán Loera, para convertirse en el líder indiscutible del cártel de Sinaloa y en el narcotraficante más buscado del mundo.

Ahora, dos años después de haber recobrado su libertad, lamenta la situación en que se encuentra la justicia mexicana y los problemas que enfrenta el periodismo por la guerra sin cuartel que vive México a causa del narcotráfico. Una guerra en la que resulta casi imposible saber quién es de cada bando.

El trabajo periodístico en México “está bien difícil, sin ninguna garantía. Espero que cambien las cosas con este gobierno. Pero durante el gobierno de Calderón el trabajo que se hizo en los medios fue de máximo riesgo porque los periodistas siempre quedaban en medio entre el interés del gobierno, el interés de los narcos y el interés de la empresa como medio”.

“Si a cualquiera de los intereses no le satisfaces, te chingan. Uno te mata, otro te puede matar o te puede encarcelar y el otro te despide y te quedas sin trabajo. No hay ninguna garantía”, concluye.