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REPORTAJE
Tres años en la cárcel
por un delito que no existió

Ciudad de México. Noviembre 2012. P. Álvarez
José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, dos indígenas nahuas de la localidad mexicana de Atla, pagaron caro el haber desafiado al cacique local para intentar que todo el pueblo tuviera acceso a agua potable. Acusados falsamente de un delito que no cometieron y que ni siquiera existió, pasaron casi tres años en la cárcel. El pasado 28 de noviembre, después de que Amnistía Internacional los declarara presos de conciencia, la Suprema Corte mexicana consideró que no había pruebas suficientes para sentenciarlos y fueron puestos en libertad. Carmelo Castillo, un policía local implicado de refilón en el conflicto por el agua pasó también un año y cuatro meses en prisión antes de ser exonerado.
 
Pascual Agustín Ruiz y José Ramón Aniceto Gómez
Pascual Agustín Cruz y José Ramón Aniceto Gómez.

La kafkiana experiencia para José Ramón, Pascual y Carmelo empezó el 26 de octubre de 2009, cuando los dos primeros estaban repartiendo tomas de agua en Atla, un pueblo indígena del estado de Puebla con poco más de 2.000 habitantes. Iban acompañados por otras personas y por un ingeniero del estado de Puebla, cuando se cruzaron con un vecino, Abraham Aparicio, que intentó arrollarlos con su vehículo.

La agresión no fue algo sorprendente, como cualquiera podría pensar. Abraham y su padre, Cristóbal Aparicio, forman parte del grupo cercano al cacique de Atla, Guillermo Hernández. Éste, según denuncia el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh), que llevó la defensa de José Ramón y Pascual, lleva más de 30 años controlando el reparto del agua en la localidad para beneficios personal. Pese a recibir, como presidente del Comité del Agua desde 1978, financiación del gobierno estatal de Puebla para el sistema de distribución de agua potable, suele pedir cifras que llegan hasta los 5.000 pesos (casi 400 dólares), una suma prohibitiva para los vecinos de esa zona empobrecida del país, o bien interminables jornadas de trabajo comunitario.

En 2008 José Ramón y Pascual fueron elegidos por sus vecinos como autoridades locales según los usos y costumbres indígenas. Entonces iniciaron unas obras para que la distribución del agua llegue a todos los habitantes del poblado y el cacique, cuyo poder se vio amenazado, emprendió una campaña de agresiones en su contra, de acuerdo con el Prodh y Amnistía Internacional.

Aquel día, a raíz del intento de atropello, José Ramón y Pascual llamaron por radio a la policía y Abraham, que ya les había agredido con anterioridad, huyó, pero el camino se hallaban obstaculizado por un camión, así que tuvo que abandonar su vehículo. Tal como lo dejó lo encontró al comandante de la policía Carmelo Castillo cuando llegó al lugar, así que lo retiró y lo tuvo que dejar en dependencias policiales.

Al día siguiente, Abraham y Cristóbal Aparicio acudieron a la comisaría y lograron llegar a un acuerdo con José Ramón y Pascual: Abraham admitía su responsabilidad en el incidente y los dos agraviados le perdonaban a cambio de una multa para la comunidad. Se firmó un documento de conciliación y la familia Aparicio se llevó su auto.

Sin embargo, una semana después, Cristóbal Aparicio denunció a José Ramón, Pascual y Carmelo por haberle robado su vehículo a punta de pistola y dos meses después, las dos autoridades indígenas fueron detenidos. Carmelo, extrañamente, no fue arrestado hasta que hubo transcurrido un año y medio, pese a que nunca se escondió y fue sometido a un proceso diferente al de sus dos supuestos “cómplices”.

“A mí me detuvieron mucho después, aunque nunca estuve prófugo. No le debo nada a nadie y con el trabajo que he hecho no tengo por qué esconderme”, explica Castillo, que para entonces ya había abandonado el cuerpo policial.

Las pruebas a favor de José Ramón y Pascual son ignoradas

Pese a lo rocambolesco de la denuncia, un juez local condenó en primera instancia a José Ramón y Pascual a siete años de prisión. Poco importó que hubiera tres testigos que aseguraron que no hubo ningún robo de vehículo sino que los acusados fueron víctimas de un intento de atropello, ni que hubiera un documento firmado por todas las partes en el que se explicaba qué pasó realmente.

De hecho, la única prueba presentada por la acusación son los testimonios de dos personas que incurrieron en varias contradicciones durante sus declaraciones. “Estos dos testigos fueron llevados prácticamente a la fuerza o mediante dádivas por integrantes del grupo caciquil” y “estaban motivados por una enemistad en contra de José Ramón y Pascual, lo que el juez ignoró por completo”, critica Araceli Olivos, del equipo de abogados del Prodh encargado del caso.

(sigue)
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